El Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil del Poder Judicial de Córdoba llevó a cabo una encuesta 2024 sobre la aplicación de estrategias de clarificación en los procesos de comunicación judicial. Según este relevamiento, 243 oficinas judiciales ya utilizan lenguaje claro, lectura fácil u otros formatos accesibles para vincularse con sus destinatarios. Estas experiencias fueron desarrolladas por 78 juzgados de primera instancia, 51 cámaras, 49 juzgados de Paz, 28 asesorías letradas, 24 fiscalías y 13 oficinas judiciales con vínculo permanente con la ciudadanía.
La técnica más utilizada fue el lenguaje claro (221 oficinas judiciales), es decir, procedimientos destinados a facilitar la comprensión de textos jurídicos por parte de la ciudadanía, sin perjuicio del rigor técnico. En segundo lugar, se recurrió a comunicaciones en lectura fácil (149), es decir, documentos orientados a posibilitar que las resoluciones u otras comunicaciones judiciales sean comprendidas por personas que tienen dificultades permanentes o transitorias en la comprensión lectora.
En menor medida, se emplearon formatos accesibles (48), esto es, modificaciones en los documentos jurídicos destinadas a facilitar la comprensión de los contenidos por parte de personas en condición de vulnerabilidad.
Destinatarios
El destinatario más frecuente de los procesos de clarificación fue la ciudadanía, en general (187 casos). Asimismo, las estrategias de adaptación discursiva más frecuentes se orientaron a los siguientes colectivos específicos:
– personas con bajo nivel de alfabetización (125);
– niños, niñas y adolescentes (117);
– personas mayores (108); y
– personas con discapacidad (104).
Los procedimientos de clarificación se aplicaron con mayor recurrencia en sentencias (135), en citaciones y notificaciones (106) y autos (97).
Finalmente, en el instrumento de relevamiento se solicitó que describan experiencias reales y casos concretos de clarificación del lenguaje en actos o resoluciones judiciales. Este cuerpo de relatos y documentos será objeto de análisis por parte del comité, a fin de conformar un banco de buenas prácticas en materia de lenguaje claro y lectura fácil, para poner a disposición de la comunidad judicial.
FUENTE: El diario
