Un caso de adopción resuelto por la Justicia de Corrientes mediante cartas en lenguaje llano reaviva el debate sobre cómo el Poder Judicial se comunica con la población. Existen guías, normas y prácticas que buscan fortalecer el acceso a la Justicia, la comprensión ciudadana y la confianza institucional.
martes 3 de marzo de 2026
MANUELA MOYANO
La comunicación entre el sistema de justicia y la ciudadanía es mucho más que un ejercicio técnico: es un reflejo de cómo el Poder Judicial construye legitimidad democrática y garantiza el derecho de acceso a la Justicia. En Argentina existen políticas públicas, lineamientos institucionales y guías especializadas que promueven el uso de lenguaje claro con el propósito explícito de acercar las decisiones a los destinatarios reales de las mismas, más allá de los operadores jurídicos.
Para el juez y estudioso de estas prácticas Pablo Casas, esta tendencia no es una moda ni una ocurrencia aislada, sino algo que se viene trabajando hace tiempo: “Creo que es un desarrollo de una política pública que viene hace muchos años. Nadie confía en algo que no entiende”, afirma en diálogo con El Auditor.info. Así señala que la adopción del lenguaje claro responde a la necesidad del sistema judicial de explicar con claridad las razones de sus decisiones para que no parezcan arbitrarias ni distantes de la comunidad a la que sirven.
Casas remarca que las iniciativas de lenguaje claro -que inicialmente ganaron impulso en los poderes Ejecutivo y Legislativo- se trasladan ahora al Poder Judicial como una forma de mejorar la confianza institucional y hacer comprensibles las decisiones al conjunto de la sociedad.
Esta visión encontró eco en varias jurisdicciones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, la Ley Nº 6.367 promovida por el Consejo de la Magistratura obliga al uso del lenguaje claro en los actos y documentos del sector público, asignando a su Secretaría de Coordinación de Políticas Judiciales la elaboración de una guía destinada a uniformar estas prácticas en todos los organismos del Poder Judicial.
La guía, que busca garantizar comunicación eficiente, mayor transparencia y accesibilidad, fue desarrollada a través de un trabajo colaborativo que incluyó a representantes de distintos fueros y ministerios públicos.
En consonancia con estas políticas, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán presentó en junio de 2025 la “Guía de Lenguaje Claro para una justicia más accesible”, destinada a sensibilizar a magistrados y funcionarios sobre la importancia de redactar textos judiciales y administrativos de forma comprensible, sin sacrificar rigor técnico ni precisión jurídica. El documento destaca que esta práctica fortalece la transparencia institucional y el vínculo de confianza con la ciudadanía, especialmente de quienes enfrentan mayores dificultades al acudir a la justicia.
Hoy estas políticas públicas ya no son marginales: hay resoluciones, guías y manuales en múltiples jurisdicciones del país. Desde acuerdos provinciales hasta capacitaciones regulares, la idea es que los actos de gobierno -entre ellos, las decisiones judiciales- sean comprensibles para las personas destinatarias de esos textos, sin sacrificar su valor jurídico ni su fundamentación: el derecho a entender es, cada vez más, considerado parte del derecho de acceso a la Justicia misma.
Una decisión humanizada
Silvina Racigh, jueza a cargo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 1 de Goya, Corrientes, declaró la adoptabilidad de un chico de seis años al considerar agotadas todas las alternativas para que permaneciera bajo el cuidado de su madre biológica. Pero a la hora de comunicarlo, acompañó la sentencia con cartas redactadas en lenguaje llano -dirigidas tanto a la madre como al niño-. Esto ilustra cómo estas políticas públicas se traducen en prácticas concretas. En sus propias palabras: “Hay decisiones que no se pueden tomar sin dolor y al escribirlo estaba dejando ver lo que yo misma sentía en ese momento”, dice a El Auditor.info.
Para Racigh, el lenguaje claro no es un agregado ornamental, sino “una forma concreta de reconocimiento del destinatario como persona con dignidad y derecho a comprender lo que ocurre en su propia vida”. Su enfoque pone en evidencia que la transparencia comunicativa es también una decisión institucional de respeto hacia quienes acceden al sistema judicial, no solo un ejercicio retórico.
En este sentido, la incorporación del lenguaje claro como política pública en el ámbito judicial se erige como un mecanismo institucional de transparencia, legitimidad y fortalecimiento de la confianza ciudadana. No se trata simplemente de cambiar términos técnicos por palabras más accesibles, sino de reconocer a las personas como interlocutores plenos del sistema de justicia, capaces de comprender y ejercer sus derechos con información clara, precisa y directa.
Una herramienta de legitimidad institucional
Para Hipólito Nosiglia, responsable del Programa Integral de Lenguaje Claro en el Ministerio Público Fiscal (MPF), esta transformación comunicativa se sostiene sobre la premisa de que la Justicia debe ser un servicio público comprensible, no solo técnicamente eficiente. En su experiencia, existe una brecha considerable entre lo que los funcionarios escriben y lo que la ciudadanía comprende: “Hay una distancia muy grande entre lo que escriben los funcionarios con respecto a lo que la ciudadanía recibe y entiende. Mejorar nuestra forma de escribir es una forma de acercar la Justicia a la comunidad”, explicó.
Nosiglia además describió la forma en que estos programas se traducen en acciones concretas: desde más de 400 horas de capacitación impartidas a funcionarios del MPF hasta la evaluación de encuestas que miden la percepción de quienes participan en los talleres de lenguaje claro, con resultados que muestran amplia satisfacción con la capacitación recibida.
Este enfoque no solo se limita a modificar palabras, sino que forma parte de una política pública más amplia que redunda en mayor eficiencia institucional: cuando los textos judiciales son más comprensibles, se reducen las consultas auxiliares, las solicitudes de aclaración y los recursos innecesarios, fortaleciendo así la eficacia del servicio de justicia y su percepción como una institución transparente y accesible.
FUENTE: EL AUDITOR.INFO
