La Asociación de Academias de la Lengua Española organiza una convención para estudiar cómo cambiar la comunicación en el ámbito de la ley, la educación o la salud pública en defensa del ciudadano
Por Luis Alemany
Madrid, Lunes, 20 mayo 2024
Napoleón decía que las repúblicas que su ejército fundaba en su avance por Europa debían dotarse de constituciones que fuesen «breves y confusas», para que, después, los legisladores hiciesen lo que quisieran. ¿Es ésta la prueba de que existe una conspiración para oscurecer el lenguaje de la cosa pública en beneficio de sus élites?
No, nunca nada es para tanto, pero a veces lo parece. Entender en su complejidad la tendencia a la confusión en sentencias, leyes, manuales escolares y prospectos médicos es uno de los propósitos de la I Convención del Lenguaje Claro y Accesible de de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, impulsada por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Entre hoy y mañana, la sede de la Real Academia Española acogerá casi 60 ponencias de ministros, catedráticos, diputados, jueces, defensores del pueblo y académicos de Chile, Guatemala, México, España, Uruguay, Argentina y Puerto Rico. El Rey Felipe cerrará las sesiones y Santiago Muñoz Machado, presidente de ASALE, dará el discurso inaugural.
«La lucha por el lenguaje claro estaba en la literatura del Siglo de Oro, pero nació como movimiento social en el ámbito del consumo, en el Reino Unido», explica Muñoz Machado. «Donde se expresa hoy con más urgencia es en la Justicia». Un ciudadano está solo ante una sentencia o ante una sanción de Hacienda que le incumbe y, por eso, su incomprensión es angustiosa. «En cambo, la legislación es de prescripción general». Si no entendemos una ley, ya habrá alguien que la sepa leer por nosotros.
La Convención del Lenguaje Claro y Accesible es valiosa porque muchos de sus participantes representan a senados, congresos, altos tribunales, instituciones internacionales o gobiernos locales y estatales. Aquellos a los que se les reprocha la incomunicacion son los que tendrán que hacerse las preguntas. ¿En dónde está el lenguaje no claro, en qué tipo de palabras se da el cortocircuito? ¿Cómo se evitan? ¿Por qué ocurre?
«Una expresión en latín entre juristas ahorra cuatro páginas de explicaciones. El problema es no saber cuándo la comunicación es hacia el ciudadano y no entre profesionales», dice Muñoz Machado. Y cada sector tiene una explicación que justifica su mala letra. La educación se ha vuelto eufemística porque el bienestar emocional de los niños se ha convertido en una obsesión social. En la salud pública, es tan complejo explicar la muerte y el dolor físico que los médicos se protegen con el lenguaje científico.
Y en el ámbito de la ley, es la política la que va en contra de la comunicación. Ignacio Astarloa, representante de la Real Academia de Jurisprudencia y antiguo diputado y secretario de Estado, da la clave: «Es más difícil escribir las leyes con claridad si el proceso en el que se pactan es caótico. Nos acostumbramos a funcionar con normas ómnibus, con decretos ley que se redactan en 15 minutos, con leyes que se salvan en el Senado en el último segundo o a través de pactos complejísimos…».
Astarloa, ponente en la Convención de ASALE, explica que las leyes tendían antes a la oscuridad porque se valían del lenguaje culto para legitimarse. Ahora lo hacen porque están mal paridas. «En la frase de Napoleón sobre las constituciones hay una idea implícita que es interesante: tienen que permitir que mucha gente se identifique con ellas y tienen que durar mucho. Yo no hablaría de ambigüedad, pero sí que creo que no tienen que ser muy específicas», continúa Astarloa. «Para el resto de normas, cada vez es más importante y más complicado escribir claro. En un estado democrático, la participación y la transparencia dependen del lenguaje claro».
Estrella Montolio, catedrática de la Universitat de Barcelona, también abrirá una mesa de trabajo en la convención de ASALE. En los últimos años, Montolio ha dirigido un grupo de trabajo con inspectores de Hacienda, profesores de Derecho, lingüistas y personal que atiende al público para detectar y reparar los puntos negros de un texto concreto y especialmente temido: la providencia de apremio fiscal.
«Una de las conclusiones es que los empleados públicos saben que su lenguaje es oscuro y lo lamentan. Saben que el ciudadano que entiende el sistema se relaciona mejor con Hacienda», añade la catedrática. «No creo que la Administración esté en manos de una casta de sacerdotes que se defienda con el uso de un lenguaje oscuro. Pero sí hace falta esfuerzo para acabar con la rutina. El reto no es poner los acentos a un texto, sino colocar al ciudadano en el centro de la comunicación, por delante de los intereses de la propia Administración».
FUENTE: El País
