El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sumó al “Diálogo iberoamericano sobre Lenguaje Claro y Accesible e Inteligencia Artificial» que se realizó en La Plata días atrás. Gisela Candarle presentó IAJUS, una herramienta en desarrollo sobre lenguaje claro en documentos judiciales; la jueza Tula del Moral expuso sobre un proyecto para mejorar las comunicaciones judiciales dirigidas a personas privadas de libertad; y Leticia Montiel presentó la experiencia de implementación del modelo de gestión asociada desde la perspectiva del lenguaje claro.
La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible se realizó los días 1 y 2 de octubre de 2026 en la ciudad de La Plata, bajo el lema “Diálogo iberoamericano sobre Lenguaje Claro y Accesible e Inteligencia Artificial”. El encuentro, organizado por la Real Academia Española (RAE) y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, reunió a más de 1.200 asistentes y 275 disertantes, con participación de especialistas y representantes de instituciones de numerosos países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, España, Chile, Colombia, México, Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Cuba y Portugal.
Representantes y proyectos vinculados al Poder Judicial de la Ciudad presentaron experiencias que integran lenguaje claro, innovación tecnológica, validación con las personas destinatarias y mejora de los procesos judiciales para fortalecer el derecho a comprender. La comitiva porteña estuvo integrada por la Secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales, Gisela Candarle; la titular del Juzgado PCyF N° 13, Lorena Tula del Moral; y la Autoridad de Aplicación de las Secretarías Judiciales de Gestión Asociada, Leticia Montiel. También participó en representación del Ministerio Público Fiscal, el titular de la Oficina de Información Judicial, Hipólito Nosiglia.
Las intervenciones abordaron tres dimensiones complementarias para avanzar hacia una Justicia más comprensible: la incorporación de inteligencia artificial para mejorar los documentos judiciales, la validación de las comunicaciones con sus destinatarios y la integración de la claridad desde el diseño de los procesos de gestión.
Inteligencia artificial al servicio del derecho a comprender
Gisela Candarle coordinó la mesa “Inteligencia artificial y Justicia: decisiones, trazabilidad y derecho a comprender”, y presentó IAJUS, una herramienta en desarrollo para asistir en la revisión y adaptación a lenguaje claro de documentos judiciales y administrativos.
La iniciativa parte de una política institucional de lenguaje claro iniciada en 2017 y utiliza la inteligencia artificial como una herramienta para profundizar ese trabajo.
IAJUS analiza especialmente cuatro dimensiones de los documentos: claridad, estructura, precisión y diseño, y se basa en criterios y materiales definidos por el propio Poder Judicial, entre ellos la Guía sobre el uso del lenguaje claro del PJCABA.
Uno de los principios centrales del proyecto es el control humano: la inteligencia artificial propone mejoras y acompaña el proceso de revisión, pero la decisión y la responsabilidad sobre el documento final permanecen siempre en las personas que lo elaboran.
De este modo, el proyecto articula lenguaje claro, innovación pública y acceso a justicia bajo una premisa central: “La tecnología es el medio. El derecho a comprender es la finalidad”.
La claridad no se presume: se comprueba
Lorena Tula del Moral, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 (con competencia en materia de Ejecución Penal) y Directora del Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, coordinó la mesa “El derecho a comprender” y presentó el proyecto que desarrollará junto con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mejorar las comunicaciones judiciales dirigidas a personas privadas de libertad.
La propuesta se estructura sobre tres ejes: destinatario, metodología y validación. Parte de considerar que una comunicación judicial no cumple plenamente su función únicamente por haber sido correctamente redactada y notificada: es necesario que la persona destinataria pueda comprender qué se decidió, qué significa esa decisión para su situación y qué derechos puede ejercer.
Uno de sus aspectos centrales es la validación de los documentos adaptados con las propias personas privadas de libertad. Así, quienes reciben las comunicaciones dejan de ocupar únicamente el lugar de destinatarios finales y pasan a participar también en el proceso de mejora.
La iniciativa se resume en una idea central: “La claridad no se presume. La claridad se comprueba”.
Textos claros, pero también procesos claros
Por su parte, María Leticia Montiel, Autoridad de Aplicación de las Secretarías Judiciales de Gestión Asociada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, coordinó la mesa “Hacer comprensible la Justicia: claridad en la comunicación judicial” y presentó la experiencia de implementación del modelo de gestión asociada desde la perspectiva del lenguaje claro.
Su exposición propuso ampliar la mirada tradicional sobre la claridad: una Justicia más comprensible requiere no sólo textos claros, sino también procesos claros. La forma en que se distribuyen responsabilidades, se organizan los procedimientos, se registran las actuaciones y se diseñan los sistemas también incide en la calidad y comprensibilidad de las comunicaciones que finalmente recibe la ciudadanía.
La experiencia de las Secretarías Judiciales de Gestión Asociada mostró que la estandarización documental debe estar acompañada por responsabilidades definidas, reglas de intervención, criterios comunes de registración y sistemas capaces de sostener esos procesos.
Entre los resultados presentados, se destacó el trabajo realizado en la Secretaría Judicial de Gestión Asociada en materia de Seguimiento y Ejecución de Sanciones, donde el uso de un código genérico de actuación pasó de aproximadamente 2.000 a 200 registros mensuales, mejorando la precisión de la información, su trazabilidad y las posibilidades de análisis de la gestión.
La propuesta plantea, así, una concepción integral del lenguaje claro que permita alinear normas, procedimientos, documentos, tecnología e información desde el diseño mismo de los servicios judiciales, vinculando innovación organizacional, calidad institucional y acceso efectivo a justicia.
Una política de claridad con distintas dimensiones
Las tres experiencias presentadas permiten abordar el lenguaje claro desde perspectivas complementarias: cómo escribimos y revisamos los documentos, cómo comprobamos que efectivamente sean comprendidos y cómo diseñamos los procesos institucionales que los producen.
En conjunto, plantean una concepción del lenguaje claro que excede la simplificación de textos y lo integra como un componente de calidad institucional, innovación y acceso a justicia, con un objetivo común: reducir la distancia entre lo que la Justicia comunica y lo que las personas efectivamente pueden comprender.
Fuente: Intranet / Departamento de Coordinación de Comunicación Judicial
