TELAM 10 de octubre 2020
La utilización de lenguaje claro es una de las asignaturas pendientes que atraviesa transversalmente a los tres poderes del Estado y que constituye un eje central para garantizar un cabal cumplimiento del derecho a la información, consagrado constitucionalmente, y que va más allá de la disponibilidad misma de cualquier texto, norma, dato, documento o resolución.
Así lo expresaron en diálogo con Télam diversos especialistas y organizaciones referentes en el tema, que, a su vez, destacaron como un avance la reciente sanción de una Ley de Lenguaje Claro en la provincia de Buenos Aires, promulgada el jueves último.
«Cuando hablamos de derecho a la información, entendemos que todos debemos comprenderla; si no, no se cumple la premisa básica de la comunicación», aseveró Alicia Arena, coordinadora operativa de la Red Argentina de Lenguaje Claro y jefa del Departamento de Servicio al Usuario del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ).
En este sentido, agregó: «Garantizar ese derecho constitucional incluye al lenguaje claro en todas las comunicaciones que hace el Estado, en los formularios que exige, en las explicaciones que da en sus sitios web, en todos los ámbitos. Para poder acceder a información, es necesario comprenderla».
Por su parte, Josefina Raffo, integrante del Comité Técnico de la Red Argentina de Lenguaje Claro (Ralc), investigadora de la Academia Argentina de Letras y docente de Derecho de la Universidad Austral, subrayó que «la claridad genera confianza y es uno de los lemas que tiene que primar en toda propuesta de lenguaje claro en las ámbitos de gobierno o en los textos legales».
En este punto, remarcó que el hecho de que los contenidos «se expresen de manera clara no significa que pierdan rigor técnico», una de las «objeciones» que se plantean frente a un movimiento, con presencia en la Argentina pero de alcance global, que promueve la utilización del lenguaje claro en los distintos ámbitos de la vida pública.
Las estructuras gramaticales complejas, con oraciones extensas y párrafos sin identificar; los latinismos; el lenguaje técnico; las frases hechas y una tendencia a sobrecargar los textos con formas de redacción anticuadas, son quizás los principales escollos que se interponen entre los contenidos y sus destinatarios, que, en el caso de la política y la justicia, son justamente los ciudadanos y ciudadanas.
«Es importante tener siempre presente al destinatario. Para eso, es crucial hacer el esfuerzo de simplificar para allanar la comprensión», postuló Josefina Raffo, en sintonía con lo planteado por Martín Böhmer, investigador principal del Programa de Instituciones Políticas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), quien, en diálogo con Télam, entendió que este aspecto «aumenta la legitimidad de la autoridad«.
De hecho, Böhmer encuadró al lenguaje claro como «parte de una agenda más amplia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, que son todas formas de construir una relación adulta, decente, entre la autoridad y la ciudadanía, y de aumentar la confianza de la gente en la autoridad y en las normas».
Accesibilidad y compromiso
«El lenguaje claro es un aspecto muy relevante en las prácticas, procesos y procedimientos que despliega el Estado en su funcionamiento cotidiano, que permite una mayor apropiación de contenidos, suprime barreras vinculadas con la alfabetización legal, mejora la comunicación y, en este sentido, tiene una clara vinculación con los derechos humanos, en particular de los grupos más vulnerabilizados«, aseguraron a Télam Natalia Echegoyemberry y Celeste Fernández, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En este sentido, señalaron que «el lenguaje no sólo debe ser claro, sencillo, sino también inclusivo y accesible, lo que implica tener en cuenta las personas con discapacidad, las diferencias interculturales, etarias y de género», con lo cual -remarcaron- «se necesita incorporar a los grupos o colectivos en las distintas instancias de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas que aborden estas temáticas».
«En realidad, debería hablarse de comunicación clara en el Estado, porque el lenguaje claro no pasa solamente por la forma de redacción sino el diseño, la oportunidad para decirlo, el contexto. Justamente por lo simple, por lo natural que tiene el sentido común, por eso es importante», sostuvo Alicia Arena, de la Red Argentina de Lenguaje Claro y el SAIJ.
Por su parte, Natalia Staiano, coordinadora del Programa de Capacitación en Lenguaje Claro de la Ralc, juzgó que «la comunicación con la ciudadanía enfrenta dos realidades críticas: por un lado, un gran porcentaje de la población con dificultades lectoras y, por el otro, muchos documentos que se generan en los tres poderes del Estado son difíciles de entender por un exceso de tecnicismos, una sintaxis compleja y una presentación poco clara».
«Esto hace que un gran porcentaje de la población se aleje, pierda interés, se sienta frustrada y desconfíe de las instituciones», sostuvo Staiano, quien remarcó que «una comunicación eficaz entre las instituciones y los ciudadanos es fundamental para generar confianza, entendimiento, empatía y compromiso«.
Además, puso el acento en el hecho de que «el lenguaje claro ayuda a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones» e indicó que «diferentes experiencias mundiales dan cuenta de que permite incrementar la confianza de la ciudadanía en su gobierno y ayuda a transformar a las instituciones en organizaciones confiables, transparentes y cercanas a la sociedad, en un marco de legalidad».
En el ámbito académico, existe consenso a nivel global en cuanto a qué se entiende por lenguaje claro, que se registra cuando «el estilo, la estructura y el diseño» de una comunicación «son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, entiende lo que encuentra y usa esa información”, según la Asociación Internacional de Lenguaje Claro (Plain), que reúne a defensores y «militantes» del lenguaje claro en todo el mundo.
Red Argentina de Lenguaje Claro
La Red Argentina de Lenguaje Claro (Ralc) nació a fines de 2018 a partir de un convenio entre la Secretaría de Legal y Técnica de la Nación, el Senado, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Se trata de un espacio abierto e interdisciplinario, conformado por representantes de los distintos poderes del Estado, y referentes del ámbito académico, como así también de diversas organizaciones e instituciones.
Su trabajo consiste en promover el uso del lenguaje claro en los organismos del Estado para garantizar la transparencia de los actos de gobierno, el derecho a entender y el acceso a la información pública.
«Este año hemos tenido una actividad menor a raíz de la pandemia, pero la Red sigue totalmente activa», aseveró a Télam Alicia Arena, coodinadora de la Ralc y referente del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), quien definió a ese espacio como «una suma de voluntades», y destacó su carácter transversal, tendiente a que «cada poder del Estado se empodere y lo lleve adelante».
Entre las últimas incorporaciones a la Red Argentina de Lenguaje Claro se cuenta el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora procura comenzar a impregnar a sus documentos de la lógica de este tipo de lenguaje.
“Nuestra misión es que la Red genere conocimiento sobre el lenguaje claro, pero a la vez tiene que promover su implementación en el Estado mediante experiencias concretas”, sostuvo Arena.
Lenguaje claro y lenguaje fácil, parecidos pero no iguales
El «lenguaje claro» se diferencia del «lenguaje fácil» en el hecho de que el primero busca hacer comprensible los textos, documentos y contenidos de los diferentes ámbitos del Estado, mientras que el «lenguaje fácil» apunta a la incorporación puntual de párrafos escritos especialmente para la «lectura fácil», por ejemplo con niños y niñas como destinatarios, o personas con discapacidades.
En la corriente que promueve el «lenguaje fácil» se inscribe, por ejemplo, la incorporación en algunas resoluciones judiciales de fragmentos que procuran explicar sus alcances, de manera tal que resulten comprensibles para niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad intelectual, en sentencias de jueces y juezas de familia.
Tal fue el caso de una resolución de la justicia penal cordobesa en la que una camarista incorporó unos párrafos escritos en lenguaje sencillo en los que se le explicaba a dos niños -de 6 y 8 años- que habían sido víctimas de abuso sexual qué papel cumplieron en el proceso judicial y cuál fue el resultado del juicio.
“Ustedes hicieron muy bien en contar lo que les pasó, para que los grandes nos podamos enterar cuando pasan estas cosas. Y como este señor hizo algo que está muy mal, se lo llevó la policía y ahora va a tener que quedarse en la cárcel por un tiempo, por cinco años, para que durante ese tiempo piense lo que hizo y se dé cuenta de que no puede volver a hacerlo”, explicó la camarista Mónica Traballini en la sentencia.
FUENTE: Andrea Vulcano para TELAM DIGITAL 10 de octubre de 2020
